Adra insta al Gobierno de España a modificar la Ley Celáa y garantizar la libertad educativa

El Ayuntamiento de Adra ha instado al Gobierno de España a modificar la Ley Celáa y garantizar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, asegurando a las familias la libertad de elección del modelo educativo. La propuesta, impulsada por el equipo de Gobierno, ha sido aprobada con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox y el rechazo de PSOE y Plataforma.

El portavoz del Gobierno Municipal, José Crespo, ha señalado que “nos estamos jugando el futuro de los profesionales de las próximas décadas y la calidad del sistema educativo”. También ha hecho referencia a que la ley que “no permite a los padres y madres elegir el centro al que tienen que ir sus hijos y es discriminatoria porque elimina el castellano como lengua vehicular en algunas Comunidades Autónomas”.

La iniciativa defiende la participación de expertos y representantes de la comunidad educativa en el asesoramiento a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho “sin precedentes” en el debate de otras leyes educativas, a la vez que rechaza el inicio de la tramitación de la ley en pleno estado de alarma.

El edil ha lamentado que “no se tengan en cuenta las necesidades de la educación especial”, a la par que ha explicado que “se trata de una cuestión de equidad para darle a cada alumno una atención acorde a sus capacidades y características”. En este sentido, la moción solicita al Gobierno que garantice la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada.

Por otra parte, se ha exigido la extensión de la gratuidad educativa a Bachillerato y Formación Profesional para garantizar que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. Además, la propuesta recoge instar al Gobierno a respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Entre los acuerdos, se ha solicitado al Gobierno la vuelta al Pacto Constitucional para garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizas a los hijos así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más.

Otra de las peticiones que se ha realizado es la incorporación de medidas de calidad y excelencia referentes en los países del entorno para superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles en el marco europeo. Evaluación transparente y autonomía de los centros son algunas de ellas.